Echa a andar la Plataforma por las Empresas Responsables

La Plataforma por las Empresas Responsables, que exige al Gobierno una ley que responsabilice a las empresas españolas de los impactos sobre los derechos humanos y medioambientales

Hoy se ha presentado la Plataforma por las Empresas Responsables que representa a más de 570 organizaciones de sociedad civil. La PER demanda la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor.

USO forma parte de la Plataforma por las Empresas Responsables junto con Alboan; Anesvad; Alianza por la Solidaridad-ActionAid; Amnistía Internacional; Coordinadora de ONGD (550 organizaciones); Economistas sin fronteras; Enlázate por la Justicia (6 organizaciones); Entreculturas; Fundadeps; Greenpeace y el Observatorio de la RSC (12 organizaciones).

5 claves de la ley que exige la Plataforma por las Empresas Responsables

Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables abogan por una ley con cinco elementos clave:

Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación.
Que contenga un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación. Según Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, “un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico”.
Que prevea aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. En este sentido, Marta Mendiola de Amnistía Internacional recalca que “es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos”.
Designar una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
Obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado. Para Miguel Ángel Soto de Greenpeace, “la falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas”.

Debemos tener voz propia en la promoción de una economía sostenible y responsable

La regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la UE está trabajando en una directiva de debida diligencia, cuyo primer borrador se presentará después de verano. También países de nuestro entorno han aprobado legislación en la materia (Francia, Alemania y Noruega) y otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

“España no puede estar a la expectativa de lo que dicte la UE. Los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción, están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE o del Tratado Internacional de Naciones Unidas y además demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible”, indica Isabel Tamarit del Observatorio de RSC.

Vulneración de los derechos laborales y trabas al acceso a la justicia para las víctimas

Las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores es frecuente. 2020 ha sido el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo. En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido. También en 2020, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados y el 70% de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas.

La ausencia de normativa vinculante que defina las obligaciones de las empresas y que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales ha llevado a una situación en la que existen importantes lagunas de responsabilidad. Las empresas se han beneficiado de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medioambiente.

Las empresas españolas no son una excepción. Tal como señalan las organizaciones socias de la Plataforma por las Empresas Responsables, existen casos documentados de vulneración de derechos debido a la mala práctica de alguna de nuestras empresas. Esta vulneración de derechos humanos y medioambientales pone de manifiesto la necesidad de una regulación de la debida diligencia.

Tampoco las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales están siendo suficientes. Según Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, “las iniciativas voluntarias de responsabilidad social son insuficientes por sí solas para evitar estas vulneraciones. Quizás mejoran la conducta empresarial pero las limitaciones son claras porque las empresas no están obligadas legalmente a prevenir daños y enfrentan pocas o ninguna consecuencia cuando estos se producen”.

Unido a esto, la defensa de los derechos humanos está a la cola de las políticas corporativas en España. Sólo 13 empresas del Ibex-35 realizaron en 2019 una identificación de riesgos y de impactos en los derechos humanos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia.