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USO apoya la campaña europea sobre diligencia debida obligatoria para las empresas a fin de proteger los derechos humanos y el medio ambiente

USO apoya la campaña europea sobre diligencia debida obligatoria para las empresas a fin de proteger los derechos humanos y el medio ambiente

 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una fase de consulta pública, cuyo plazo concluye el próximo día 8 de febrero, sobre una nueva legislación de diligencia debida obligatoria. Esta normativa podría exigir a las empresas de la Unión Europea asegurarse de que los productos y servicios que consumimos no perjudican de ninguna manera a los trabajadores, las personas o el medio ambiente en todo el mundo.

Si concluye con éxito, esta iniciativa podría contribuir de manera importante a la lucha contra el trabajo forzoso, el acaparamiento de tierras, el vertido de residuos tóxicos, las emisiones incontroladas de CO2, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad, e incluso las amenazas a la libertad sindical y a los sindicatos. Por ello, USO ha decidido apoyarla desde un enfoque ambicioso.

Aprovechando la ocasión de ese futuro marco legislativo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha lanzado una campaña que desde USO y Sotermun respaldamos. La CES reclama, junto con sus afiliadas y organizaciones de la sociedad civil, como Amigos de la Tierra y otros, que esta nueva legislación sea la adecuada para que las empresas se hagan responsables de sus actos. Al efecto, se ha creado la web con toda la información sobre la due diligence o diligencia debida.

En ella se puede firmar, individualmente, la petición a la Comisión Europea para generar una ley fuerte que realmente funcione para las personas y el planeta. Una ley que defienda los derechos de los trabajadores en todo el mundo, que asegure el derecho a negociar la política de diligencia debida con la empresa y que garantice la participación de los representantes de los trabajadores en todos los pasos del proceso.

¿Qué está en juego cuando hablamos de diligencia debida?

Hoy en día, demasiadas empresas -desde los gigantes de los combustibles fósiles y la agroindustria, hasta los minoristas de la moda y los fabricantes de productos electrónicos- no respetan los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Además, destruyen el medio ambiente, aceleran el cambio climático, expulsan a los pueblos indígenas de sus tierras o apoyan la esclavitud moderna.

Quienes se enfrentan a los abusos de las empresas en todo el mundo son, con demasiada frecuencia, despedidos de sus trabajos, encarcelados, desaparecidos o algo peor.

¿Qué es lo que queremos desde USO?

Desde nuestro sindicato, abogamos por una ley eficaz para proteger a las personas, trabajadoras o no, y al planeta de los negocios indecentes y criminales. Queremos una ley que asegure el derecho de los sindicatos a negociar colectivamente la política de diligencia debida de las empresas, y la participación de los representantes de los trabajadores en la definición y aplicación de esas políticas.

La Comisión Europea pretende presentar una legislación para lograrlo. Sin embargo, no está nada claro que la normativa de la UE sea lo suficientemente fuerte para lograr objetivos ambiciosos. Para hacerlo, debería:

  • Proteger los derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Y previniendo los impactos ambientales y sociales en la producción a lo largo de toda la cadena de suministro.
  • Establecer sanciones importantes. Las empresas deben enfrentar fuertes sanciones si violan las reglas establecidas en la legislación.
  • Establecer la responsabilidad ante las malas prácticas, con obligaciones de reparación tanto en el país de origen de la empresa como en el extranjero.
  • Garantizar el derecho de los sindicatos a negociar con la empresa la política de diligencia debida.
  • Garantizar el respeto del derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados en las diferentes etapas del proceso de diligencia debida.
  • Facilitar a todas las víctimas de abusos empresariales, incluidos los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, la accesibilidad a la Justicia en los tribunales de la UE.

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