USO alerta sobre la problemática situación en el sector de ambulancias en Cantabria
La Federación de Servicios de USO denuncia que se va a producir un inminente conflicto laboral y social. La empresa concesionaria del servicio está a punto de anunciar un descuelgue salarial ante la pasividad del Gobierno cántabro
El actual contrato de la concesión del servicio de ambulancias en Cantabria se encuentra vencido desde el 9 de febrero de 2022. Actualmente se encuentra con una prorroga de 1 año. En este tiempo se debe tener listo un nuevo pliego de condiciones.
La actual prorroga está causando la asfixia económica de la empresa concesionaria, con unas pérdidas mensuales en torno a los 300.000 euros. Estas improrrogables pérdidas están causando un deterioro del servicio y el bloqueo del convenio colectivo.
La situación definitiva del hartazgo del sindicato USO ha sido la respuesta dada, durante una reunión mantenida el pasado 21 de junio de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, en donde el responsable, que procede de Valencia, espetó que “acababan de llegar y que estaban de paso”, además afirmó la intención de prorrogar el contrato un año más, ampliable a 2024 y que “no tenían prisa para publicar un nuevo pliego”.
Para el sindicato USO resulta urgente un nuevo pliego que incorpore un nuevo convenio colectivo que garantice el incremento salarial de los trabajadores que tienen su sueldo congelado desde 2021.
El nuevo contrato del servicio de ambulancias tiene que estar adjudicado para febrero de 2023 y antes de que acabe la actual legislatura en mayo del mismo año.
La situación de pérdida de la actual concesionaria del servicio está causando la congelación salarial de los trabajadores y más que probable descuelgue salarial por parte de la concesionaria que puede poner en riesgo el pago puntual de salarios. Si este escenario se da, hará saltar por los aires la prestación de un servicio esencial que necesita la ciudadanía cántabra.
El sindicato USO, por responsabilidad, denuncia y advierte públicamente de las graves consecuencias sociales y laborales que todavía el Gobierno de Cantabria puede y debe evitar. De no hacerlo, toda la responsabilidad recaerá en el mismo, poniendo una vez más en cuestión la capacidad de gestión del ejecutivo regional.
