Trabajadores de transporte sanitario de Bizkaia han denunciado recortes y una «nefasta» gestión de la asistencia de emergencias.

El comité de empresa de La Pau SCCL en Bizkaia, concesionaria del servicio de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia (RTSU) del Departamento de Salud ha denunciado la «nefasta gestión» de la asistencia sanitaria de emergencias durante la pandemia tras aplicar «recortes» en el servicio y la retirada de ambulancias de soporte vital básico.

El comité, integrado por los sindicatos LSB-USO, ELA, UGT, ha alertado de que este servicio se encuentra en «una situación muy crítica» que, tanto el Departamento de Salud, como la Organización de Servicios de Osakidetza Emergentziak «están negando y ocultando a la ciudadanía», tal y como ha informado el sindicato LSB-USO en un comunicado.

La Pau SCCL es la adjudicataria de las unidades de Soporte Vital Básico de Leioa, Getxo 1, Getxo 2, Mungia, Derio, Bilbo Deustu, Bilbo Santutxu, Bilbao Miribilla y para las unidades de Soporte Vital Avanzado de Urduliz y Bilbo San Inazio.

Desde la reactivación del estado de emergencia sanitaria en agosto, el personal que presta este servicio externalizado mediante subcontratación «está siendo víctima de una nefasta gestión que, además de ponerles en peligro, está jugando con la salud de las personas a través de recortes en unidades asistenciales».

El comité ha denunciado que Osakidetza Emergentziak ha retirado de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia del 112, en la Comarca de Uribe, dos ambulancias de Soporte Vital Básico para convertirlas en unidades para el traslado de pacientes infecciosos en todo Bizkaia.

Tres ambulancias para 170.000 personas

Esta decisión supone que los más de 170.000 habitantes que conforman el área entre Erandio y Lemoiz, con «una altísima dispersión geográfica», están cubiertas únicamente por una ambulancia de Soporte Vital Básico, una de Soporte Vital Avanzado con Enfermería y otra de Soporte Vital Avanzado Medicalizado, esta última propiedad de Osakidetza.

Para el comité, se trata de una «apuesta desgraciadamente muy arriesgada que incumple las ratios de recursos de ambulancias por habitante, generando elevadísimos tiempos de respuesta que en algunas situaciones puede poner en riesgo la propia vida de las personas».

Estos recortes que se vienen realizando, tal y como han denunciado, desde 2017, suponen que, con la eliminación de la ambulancia de Soporte Vital Básico de Plentzia-Gorliz, el aumento de traslados interhospitalarios desde el hospital de Urduliz a otros centros, la desaparición de la ambulancia SVB de Leioa y una de las dos de Getxo, se ha producido «un aumento de la carga de avisos para una plantilla que es incluso presionada por empresas y Administración para que hagan su trabajo sin cumplir con las mínimas garantías sanitarias necesarias».

El comité ha recordado que son varias las denuncias recibidas por parte de trabajadores donde relatan «presiones y amenazas» cuando no se les permite realizar limpiezas y desinfecciones entre pacientes ya que el sistema «está saturado por falta de esos recursos que han eliminado, poniendo en grave riesgo de contagio a la plantilla y las personas enfermas o accidentadas».