España se sitúa a la cola de Europa en la calidad de empleo
ESPAÑA, A LA COLA EN CONDICIONES LABORALES
El European Trade Union Institute (ETUI), en su informe Bad jobs recovery? European Job Quality Index 2005-2015 sobre la calidad del empleo en los 28 países de la Unión Europea, arroja unos resultados para España, cuanto menos, preocupantes.
España se sitúa a la cola de Europa, tan solo por detrás de Rumanía y Grecia, en cuanto a la calidad del empleo. Los indicadores de calidad que analiza este estudio, como salarios, tiempo de trabajo, equilibrio trabajo y vida personal, condiciones laborales, desarrollo laboral o representación sindical, dejan a España en muy mal lugar en cuanto al derecho al trabajo, recogido en el artículo 35.1 de la Constitución.
En la calidad de los empleos, España recibe una puntuación de 3, de una máxima de 10, mientras que en contraposición, Dinamarca, Finlandia o Suecia reciben un 9, un 8 y un 7,5, respectivamente. La precariedad de los empleos y el crecimiento de esta durante esa década sitúan a nuestro país entre los que tienen mayores porcentajes de población laboral con inestabilidad, temporalidad indeseada y dificultad para encontrar empleo indefinido.
Trabajadores pobres
Además de unas peores condiciones de trabajo, los trabajadores en España son también los que más sufren la pobreza, con salarios muy bajos que no permiten una vida digna. En 2015, uno de cada diez trabajadores en España se encontraba por debajo del umbral de la pobreza. El salario medio se sitúa en los 1.300 euros, pero cuando se analiza el porcentaje de trabajadores que están por debajo del 60% de la mediana nacional, España se encuentra incluso peor que Rumanía y Grecia.
A estos datos hay que sumar la escasa apuesta por la capacitación de los trabajadores, la intensidad del trabajo o los factores de riesgos físicos que se dan en los empleos en España.
Ha llegado el momento de que todos los agentes sociales implicados nos esforcemos aún más en mejorar estas pésimas condiciones laborales para cumplir con la responsabilidad constitucional de asegurar que la población pueda desarrollar su potencial a través del trabajo y reciban por ello remuneraciones que les permitan satisfacer sus necesidades personales y familiares.
