La pieza suelta para los fondos europeos en la reforma laboral
Tres tipos de contrato, privilegiando la contratación indefinida, tal y como defiende USO, pero muchas incógnitas en cómo se acometerá la reforma laboral y la capacitación para el empleo. El presidente del Gobierno ha presentado las líneas maestras del plan de recuperación postpandemia, a falta aún de mucha letra pequeña. Y esa letra pequeña, falta, sobre todo, en lo referente a la legislación laboral.
Sí parece un hecho, al fin, acabar con el catálogo interminable de tipos de contrato que han disparado los falsos temporales. “Menos del 6% de los contratos en 2020 fueron inicialmente indefinidos. El contrato más utilizado para evitar la relación indefinida con el trabajador es el de obra y servicio. Servicios que pueden llegar a durar décadas, lo que habla por sí mismo sobre la cualidad del trabajo: es estructural. Es una reforma inevitable, que llevamos años pidiendo y que el Gobierno debía acometer sí o sí, Europa o no mediante, tras el varapalo del Tribunal Supremo a este tipo de contratación“, argumenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.
El fracaso de los contratos de formación y la falta de causalidad en los temporales
“Claro que hay contratos que deben ser temporales, porque hay tareas y proyectos que sí están tasados en el tiempo”, deja claro el secretario general de USO. “Pero dejar tantas puertas abiertas a la falsa temporalidad ha permitido hacer costumbre y hacer pasar por legal millones de contratos que habrían dado mayor estabilidad laboral. La causalidad debe ser la única razón que justifique que un contrato sea temporal, y es correcto que haya un único contrato temporal: para trabajos que son temporales, así de simple. Pero ojo, la Administración debe promulgarlo y también cumplirlo. Las Administraciones son, en su conjunto, un nido de precarización y devaluación del empleo público”.
En cuanto al contrato de formación, “también se han ramificado demasiado y han demostrado su inutilidad para su fin principal: incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. Es imprescindible regular cómo es este aterrizaje y, a la vez, eliminar cualquier resquicio que permita cometer abusos, dignificando la figura del estudiante o trabajador en prácticas”, pide Pérez.
Las exigencias de Bruselas no pueden lastrar la reforma laboral
Más preocupante que la necesaria reforma de los contratos es, a ojos de USO, que se condicione la legislación laboral. “Llevamos años a vueltas con la reforma de la reforma. En programas electorales, en peticiones de los sindicatos mayoritarios que después ellos mismos pasan a un segundo plano… Ahora la derogo, ahora cambio lo más lesivo. No. España necesita un marco laboral del siglo XXI, que ya llevamos dos décadas en él. Ni reformar ni reescribir. Hay que construirla párrafo por párrafo. Pero no podemos aceptar chantajes para recibir los fondos europeos. No se pueden perder derechos laborales en ese camino”, advierte Joaquín Pérez.
De momento, el documento enviado a Bruselas “es lo suficiente ambiguo como para calmar a quienes apuestan por los recortes de derechos, pero lo suficientemente preocupante para quienes buscamos garantizarlos. Además, en USO nos tememos que el cambio en la legislación laboral, en la participación sindical y en la negociación colectiva se haga en el patio de atrás, a oscuras. Que cuatro personas decidan el futuro laboral de 20 millones de trabajadores y de otros 5 millones que ni siquiera encuentran trabajo. El Diálogo Social debe ser más transparente que nunca en este momento crucial y no está dando muestras de ningún aperturismo. Se acabó de aferrarse a una mesa para no cambiar nada”, reclama el secretario general de USO.
Las pensiones tampoco se salvan de la ambigüedad: “nos da vértigo que un tema crucial quede tan abierto. Sigue sin resolverse su financiación a futuro ni el intento equivocado de potenciar los planes de pensiones de empresa, que son la primera carga de dinamita al sistema público actual”, expone Pérez.
Los fondos europeos de formación para el empleo deben ser, sí o sí, gestionados por la Administración
“Los fondos europeos no son una barra libre ni financiación por la puerta de atrás”, Joaquín Pérez se muestra tajante en este aspecto. “Los fondos europeos que se dediquen a la formación para el empleo deben ser gestionados, como el resto de partidas, por la Administración. USO es inflexible en este punto. En el pasado, se despilfarraron millones de euros en financiar a los sindicatos mayoritarios y a las patronales por la puerta de atrás. Con nulos resultados en lo que se pretendía: recualificar a trabajadores para su reinserción laboral. Se han regalado ya fondos de reconversión, de planes mineros y directamente de los Presupuestos Generales del Estado y no ha habido reconversión. La formación para el empleo es vital, y mucho más con la brecha digital entre generaciones y la obsolescencia de los conocimientos de muchos trabajadores. No se puede jugar al Diálogo Social con el futuro de millones de trabajadores”.
Por ello, “USO entiende que hay dos partidas que no pueden separarse. La modernización y digitalización del SEPE y los servicios de empleo no puede ir bajo ningún concepto en un contenedor diferente a la formación para el empleo. Es el SEPE, el Ministerio de Educación o el organismo que se designe, pero siempre público, quien debe formar a los trabajadores con fondos públicos. Un sindicato es un sindicato, no un gestor de fondos”, zanja el secretario general de USO.
La sostenibilidad, la digitalización y una transición justa
Joaquín Pérez, no obstante, se complace del trazo grueso del destino que llevarán los fondos. “Estamos de acuerdo en las grandes áreas a las que irán destinados. La digitalización, las transiciones justas en los sectores obsoletos, la sostenibilidad de los proyectos, la investigación, etc. Son las políticas que desde USO marcamos como las líneas maestras del cambio productivo que debería estar en proceso. Era urgente y ya debería estar abordado. Pero, al menos, es mejor empezar ahora y apostar por él de forma decidida que postergarlo hasta que los acontecimientos nos atropellen de nuevo. Otra cosa es cómo se concretan muchos apartados, que siguen quedando flotando en la incertidumbre”.
“El contenido exacto de cada partida, ponderar qué capítulo precisa de más financiación, es algo que debe ser incluso flexible y revisable según se evalúen los cambios que se van introduciendo. Para ello será necesaria una coordinación y un análisis específico en todos los ámbitos: local, autonómico y estatal. Este proceso debe contar con mucha transparencia, porque en una cuestión en la que nos jugamos tanto no pueden ocultarse papeles o dosificar la información”, reclama el secretario general de USO.
