Septiembre arranca con el inicio del nuevo curso político y social.
Joaquín Pérez, secretario general de USO reflexiona sobre los retos que se abordarán en los próximos meses: SMI, pensiones, ERTE, reforma laboral y precio de la luz
Empezamos nuevo curso político y social en fase de superación definitiva de la crisis sanitaria y envueltos en una económica y sociolaboral de una intensidad y profundidad aún por definirse a medio plazo. Muchos de los indicadores y datos con los que terminamos el verano son preocupantes.
En este escenario cambiante, cargado de incertidumbre y con el empleo y muchos sectores de actividad dañados, desde USO demandamos la puesta en el centro de la persona y su dignidad, las políticas a favor de la mayoría y, en especial de los más vulnerables, de los muchos que se han quedado atrás o muy tocados.
Por eso, demandamos que debe ser la cantidad y calidad del empleo la absoluta prioridad del Gobierno y de todo responsable político. “Que se dirija el futuro de la sociedad, de los servicios públicos, la industria, la cultura, la educación y formación, hacia una transformación que aporte verdadero progreso e innovación. Apostando por la ciencia y la atención a las personas; construyendo una transición justa hacia un futuro más respetuoso con el planeta y garantizando una protección social y la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, defiende Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Pérez reclama “no cometer más errores. Y vigilar que no se cometan los del pasado, en especial con todo lo que van a suponer los Fondos de Recuperación Europeos, que marcarán en gran medida el futuro a corto y medio plazo de nuestro país. No deben traducirse en empleos precarios, favorecer oligopolios o reforzar la privatización de sectores estratégicos como el agua, energía o megaproyectos de renovables o infraestructuras que supongan sólo pan para hoy. No más burbujas, por muy bonitas que las hagan”.
El nuevo curso que se inicia hoy viene cargado de trabajo sindical, en cada empresa, en cada centro de trabajo, en cada sede, y en la calle y en la movilización. Todo pinta a que habrá que salir solos o acompañados.
Reforma de las pensiones
La continuación de la reforma de las pensiones será uno de los retos que marcarán el nuevo curso político y los próximos meses. Tocan las pensiones y para mal, claro. Se dejan para 2022 la implantación generalizada de los planes de pensiones de empresa con adscripción automática del trabajador, que abren peligrosamente la puerta a la privatización del sistema; la ampliación de la edad de jubilación; la extensión de los 25 a los 35 años para el cálculo de la pensión o el destope de la base máxima de cotización, entre otras. Estas medidas pendientes son necesarias, a priori, para que Europa libere los fondos del Plan de Recuperación.
El primer paquete de medidas aprobadas para reformar el sistema público de pensiones se encuentra ya en trámite parlamentario, y recoge la revalorización anual de las pensiones con el IPC; coeficientes reductores mensuales para cercar la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación; incentivos al retraso en la jubilación; límites a la jubilación forzosa; el refuerzo de la estructura de ingresos y la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social.
La necesaria subida del SMI
El 1 de septiembre, con el comienzo el nuevo curso, arranca también la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en 950 euros desde 2020. El SMI no ha vuelto a subir desde entonces.
La subida que se comienza a negociar en este nuevo curso podría estar en torno a los 12-19 euros, muy lejos, por ejemplo, del más que seguro incremento del IPC en agosto, que se situará en el 3,3%.
“Con el SMI congelado, muchos trabajadores están soportando un precio de la electricidad desorbitado, el encarecimiento de la cesta de la compra, alquileres elevados, etc. Los bolsillos de las familias están soportando como pueden esta pandemia, y las familias más vulnerables están resistiendo con serias dificultades. Además, con la alta tasa de parcialidad no deseada, cada vez hay más gente a los que su trabajo no les da para vivir con lo más básico, se puede volver a dejar tirados a los mismos de siempre”, denuncia el secretario general de USO.
A pesar del difícil escenario económico en que nos encontramos, “es irrenunciable y más que necesaria una subida del SMI, acorde con la realidad económica y el comportamiento de los precios. No nos podemos permitir seguir llenando la bolsa de exclusión social. Es en estos momentos cuando los trabajadores y las familias necesitan apoyo, sin dejar de lado que hay que poner solución ya a la alta temporalidad y precariedad del mercado laboral y a la falta de oportunidades para los jóvenes y, por supuesto, seguir defendiendo que la recuperación pasa por la reactivación económica, mejores empleos y salarios”, reclama Pérez.
Reforma laboral, en el aire
El nuevo curso político y social también tiene que abordar la negociación de la reforma laboral. Al igual que la reforma de las pensiones, es requisito para acceder a los fondos europeos.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto favorecer la contratación indefinida; limitar los contratos temporales; restringir la subcontratación y eliminar la prevalencia del convenio de empresa. El anuncio de estas medidas ya ha conseguido la negativa de la patronal, por lo que la negociación de la reforma laboral se prevé más que complicada. Muchas otras cuestiones que como USO reclamamos parecen haber desaparecido de la hoja de ruta, o no tocan.
“Por eso, desde USO seguimos reclamando una reforma de la legislación laboral que posibilite la calidad en el empleo y rompan con la precariedad y la excesiva temporalidad; que elimine las discriminaciones entre personal de contrata y empresa principal; que se apueste por el futuro y la modernización empresarial responsable, la capacitación y la formación”, exige Pérez.
USO demanda la urgente creación de una Mesa en el Congreso para alcanzar un gran pacto por el empleo, que modifique las dos últimas reformas laborales -la Ley 35/2010 y la Ley 3/2012-, en el que se incluya::
- Anular las medidas de facilitación y revisar al alza los importes del despido.
- Eliminar la posibilidad de cambios unilaterales de modificación de condiciones de trabajo de carácter
individual y colectivo. - Recuperar la garantía de ultraactividad de los convenios.
- Prohibir las inaplicaciones o descuelgues.
- Controlar el abuso y penalización de distintas condiciones laborales para una misma actividad en la
subcontratación o externalización. - Horarios y jornadas de trabajo más acordes con los países de la Unión Europea.
- Luchar contra el fraude laboral, reforzando la Inspección de Trabajo y no externalizando sus labores.
- Reducir y simplificar los modelos de contratación, restringiendo al máximo la causalidad de los mismos y penalizando las situaciones irregulares de encadenamiento de contratos temporales.
- Declarar nulos los despidos motivados por IT.
- Devolver las competencias a la Autoridad Laboral en los despidos colectivos.
“El necesario Pacto de Estado por el Empleo no debe demorarse y ha de estar por encima de partidos e ideologías. La precariedad laboral, la temporalidad, la parcialidad, el desempleo juvenil, el paro de mayores de 55 años y los desempleados de larga duración que agotan sus prestaciones sin capacidad de reengancharse siguen siendo las características laborales made in Spain que desde distintos ámbitos internacionales continuamente nos señalan”, reflexiona Pérez.
“También insistimos en reclamar un nuevo modelo de Diálogo Social, más plural y abierto y más transparente para el conjunto de la sociedad. El actual modelo de corrillo de cuatro está caducado y no hace más que ralentizar, cuando no interferir negativamente, las cosas que verdaderamente deberían estar sobre la mesa para ser tratadas de urgencia”, apunta el secretario general de USO.
¿Qué ocurrirá con los ERTE?
El próximo 30 de septiembre concluye la quinta prórroga de los ERTE. “Es más que probable que la negociación vuelva a agotar casi el tiempo de juego, para que los más de 300.000 trabajadores que siguen en ERTE continúen con la incertidumbre hasta el último momento. No se puede volver a jugar a la negociación con el futuro de cientos de miles de trabajadores. Es innecesario, además de mostrar muy poca sensibilidad”, critica el secretario general de USO.
A pesar de la reactivación de la actividad en distintos sectores muy castigados por la pandemia, sigue habiendo empresas y trabajadores que necesitan los ERTE. “Los ERTE han servido como herramienta de contención, pero la destrucción de empleo está disparada. Hasta junio, los trabajadores afectados por despido colectivo (7.625) aumentaron un 55,4% con respecto a 2020”, apunta Pérez.
Frenar la subida del precio de la luz
Otro de los retos de este nuevo curso es frenar la subida de la electricidad. El precio de la luz sigue disparado, casi a diario, y los bolsillos de las familias, castigados. Y es que el encarecimiento de la luz no solo se nota en la factura sino también en el precio de lo que comemos.
Y mientras, el Gobierno no es capaz o no parece dispuesto a buscar una solución efectiva que frene la subida del precio de la electricidad. “Una electricidad que es un bien imprescindible de primera necesidad para toda la sociedad, para su desarrollo, su salud y su conectividad, y que no puede depender sin límite de factores externos sin un control justo”, reflexiona Pérez.
“La bajada del IVA de la luz al 10%, que entró en vigor en julio, dirigida a un sector muy concreto de la población, ha sido una medida con poco o nulo efecto, aplastada por las subidas históricas de los Kw en los últimos meses. Por eso, desde USO continuamos reclamando la reducción el IVA de la electricidad al 4%, considerando la luz como un bien de primera de necesidad y aplicándole el IVA superreducido para que sí se notara inmediatamente en el bolsillo de las familias, junto a medidas a medio plazo para que haya un control topado de precios en el futuro”, pide el secretario general de USO.
