USO insta a Gobierno y Congreso a dejar de lado diferencias políticas y no regatear con la protección de las víctimas de violencia de género
El 0,5% de denunciantes reciben la ayuda de 430 euros al mes
y los contratos bonificados se formalizaron con el 0,6% de las
víctimas, perpetuando su dependencia económica del agresor
Desde 2014, el conjunto de ayudas concedidas a las víctimas
de violencia de género ha descendido, a pesar de que han
aumentado las denuncias
Madrid, 20 de noviembre de 2018.- El sistema de protección para las víctimas de
violencia de género sigue fallando tanto en detección como en protección y
reinserción. Según el “Informe sobre Violencia de Género 2018” elaborado desde
la Secretaría de Formación Sindical e Igualdad de USO, el número de denuncias
presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer aumentó un 16% en
2017 frente a 2016, creciendo en todas las autonomías, salvo en Asturias. “Sin
embargo, la proporción de quienes consiguen que se dicte una orden de
protección ha descendido, bajando al 24% de las mujeres en 2017 frente al 29%
que la obtenían en 2015. Es preocupante que baje este ratio si tenemos en
cuenta que el 30% de las mujeres asesinadas el año pasado a manos de sus
parejas o exparejas habían interpuesto una denuncia, un 11% más que en 2016.
Demuestra que la protección de las víctimas es deficiente”, denuncia Dulce
María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.
En este problema de toda la sociedad, desde el ámbito sindical queremos llamar
la atención sobre el extremo más grave de la violencia de género, las 971
víctimas mortales a cierre del informe (hoy al menos 972) y los 27 menores
asesinados, pero también sobre la dificultad que encuentran las víctimas que
están en otras fases de la violencia de género para poder independizarse
económicamente de su agresor.
En este sentido, “destacan de forma negativa las concesiones de ayudas
económicas o la formalización de contratos para conseguir esa autonomía que,
en muchos casos, es lo que acaba por atar a la víctima a su agresor e impedirle
la ruptura con él”, explica Dulce María Moreno. Las ayudas económicas previstas
por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 alcanzan únicamente a
un 0,5% de las denunciantes. Además, las ayudas para cambio de domicilio y la
recepción de la renta activa de inserción marcaron un pico entre 2014 y 2015 y,
desde entonces, han descendido sus concesiones año a año.
En cuanto a la contratación bonificada, “tampoco está cumpliendo con su
cometido. Llega a un 0,6% de las víctimas, se han firmado en 16 años menos de
dos contratos al día. Es una herramienta infrautilizada cuyo desarrollo permitiría
a las víctimas establecerse lejos de su agresor”, continúa Moreno.
Nuestro país registra más de 153.000 denuncias por violencia de género al año.
Según el sistema de seguimiento integral VioGen, han ascendido el número de
casos con algún tipo de riesgo apreciado, situándose los casos que no aprecian
riesgo en el 46,03% de los estudiados, frente al 75% que se descartó en 2013,
su primer año de funcionamiento. Los que sobrepasan el riesgo medio están
cerca del 9,5%, frente a menos del 5% en 2013. También ha ascendido
constantemente desde 2012 el número de usuarias de Atenpro, el servicio
telefónico de protección a las víctimas. “A pesar de ello, las cifras de asesinatos
machistas demuestran que el sistema no consigue proteger a las mujeres. Por lo
tanto, tenemos que exigir que no se escatimen recursos. Que haya o no
Presupuestos, no se deje de dotar de la partida correspondiente al tan necesario
Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, concluye la secretaria de
Formación Sindical e Igualdad de USO.
